Condenada la empresa de seguridad privada empleadora del actor, corresponde responsabilizar también, de manera solidaria y en los términos del art. 30, LCT, al consorcio codemandado en tanto se trata de un barrio privado custodiado que pretende otorgar a sus integrantes, no sólo un hábitat, sino también seguridad frente a la potencial agresión delictiva. Así, el consorcio, según resulta de la prueba producida, es un predio cerrado con cerco perimetral custodiado día y noche, siendo tanto los consorcistas como sus invitados controlados al momento de acceder, efectuándose rondas internas y externas mediante el uso de móviles a cargo de los vigiladores. La situación reseñada es diferente a la esbozada por cualquier consorcio urbano de propietarios que puede o no recurrir a una protección especializada de vigilancia.
Echeverría, Héctor Ramón vs. Watchman Seguridad S.A. y otro s. Despido /// CNTrab. Sala VI; 17/12/2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario